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Acta Verbum
El Gobierno central decidió en Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre (después de varios años en el aire) ubicar el silo nuclear en Villar de Cañas, uno de los catorce pueblos españoles (todos menores de 500 habitantes) que accedió a presentar su candidatura para albergar esta instalación, que acogerá todas las toneladas de residuos radiactivos de las centrales nucleares españolas.
Uno de los requisitos imprescindibles que los municipios debían reunir para “ganar” el ATC, o cementerio nuclear, era el consenso a favor en la comarca. Según la Real Academia de la Lengua, consenso significa “acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”, por lo que la manifestación del domingo pasado en Villar de Cañas viene a demostrar que no hay consenso en la zona, ni tan siquiera en el pueblo. Por tanto, lo que hay es un claro disenso. Uno de los problemas es que ya han sido varios los partidos políticos que se han querido apropiar de la lucha contra el ATC en Villar de Cañas, pero la más evidente ha sido la del PSOE, que incluso pagó autobuses para que acudieran a la manifestación, según ha podido saber esta revista. Por ello, desde el PP, han deslegitimado este protesta, al considerarla instigada por los socialistas y totalmente política.
El que más meridianamente claro lo dejó fue un joven ingeniero, que subió al improvisado escenario en medio de la plaza del Ayuntamiento y explicó cómo la empresa en la que trabaja, dedicada a las energías renovables, iba a destruir puestos de trabajo por el “favor” que el Gobierno está haciendo a las eléctricas, dueñas de las centrales nucleares. Así, el joven lamentó que se esté desaprovechando la oportunidad de que por fin España lidere algo, pues es una de las principales potencias de energía solar y eólica. En este sentido, el muchacho recalcó que ya habían sido varios los japoneses que habían ido a su empresa a informarse sobre energías renovables, después del desastre nuclear de Fukushima.
No hay que olvidar que el Gobierno ha suspendido temporalmente las primas a las energías renovables, frenando así su expansión; al tiempo que el Ejecutivo ha decidido alargar la vida de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y que la Empresa Nacional de Residuos (Enresa) construirá el ATC, como pedía la Fundación para el Análisis Estudios Sociales (FAES), fundada por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, asesor externo de Endesa.
También un agricultor de la zona reprochó al alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, que presentara la candidatura, junto a trece pueblos más de España, para concursar por el ATC, ya que sus cultivos se verán amenazados por la radiación y el precio de venta de sus productos bajará.
Otros ciudadanos dejaron claro que “nadie tiene el derecho a dejar una herencia como esta en el pueblo”, a dejar un “basurero y un estercolero”. Incluso, acorde con el momento, hubo una representación de una chirigota, en la que una pareja parodió a la presidenta popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y al personaje de ficción, el Sr. Burns. La letra decía: “que nos quieren quitar el agua y traer la mierda nuclear; tralará, tralará, no dejaremos de luchar” (las referencias al agua tienen que ver con último trasvase de 228 hectómetros cúbicos aprobado desde la cabecera del río Tajo al Segura.
Mientras, los grupos ecologistas de la Coordinadora Estatal Anti Nuclear (CEAN), aseguran que el ATC no es la opción más barata para los residuos, conlleva un riesgo muy alto (sobre todo por el transporte de los residuos por carretera) y no creará mil puestos de trabajo entre directos e indirectos en la zona, como afirma el Gobierno, sino que la mayoría del que se cree estará ocupado por gente técnica y especializada de fuera de la comarca.
Por otro lado, según fuentes consultadas por AV, el ATC se ubicará sobre el acuífero 23 y sobre una zona declarada Important Bird Area (IBA, por sus siglas en inglés).
En este sentido, el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha pedido a la Comisión Europea que estudie el proyecto de construcción del silo nuclear, pues podría incumplir las normativas europeas de Medio Ambiente, ya que no cuenta con el estudio de Impacto Ambiental previo y obligatorio en Europa.
Atraídos por la fuerte inversión en la zona, unos 900 millones de euros, y por los puestos de trabajo (desde el anuncio de la ubicación, han llegado más de 5.000 currículos, la mayoría de los vecinos de Villar de Cañas han recibido con alegría el silo nuclear.
Pero ante una infraestructura de esta envergadura, no es sólo un alcalde y un pueblo quien tienen que decidir si quiere hipotecar el futuro de los miles de habitantes de los alrededores; por eso, los manifestantes pidieron durante la protesta un referéndum para opinar y participar en la vida pública y política.
Si tan claro tienen que hay“consenso”, que se haga un referéndum. Al menos si sale mayoría, las voces contrarias tendrán menos poder para revertir la situación.
Por @Lules_Jimenez
